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Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011)

 

Texto

Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

Directrices para la promulgación de un reglamento de la contratación pública de conformidad con el artículo 4 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

Glosario de términos relacionados con la contratación pública utilizados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública

 

Date of adoption: 1 July 2011

Finalidad

La Ley Modelo sobre la Contratación Pública contiene procedimientos y principios cuya finalidad es lograr el uso óptimo de los recursos y evitar los abusos en el proceso de adjudicación. El texto promueve la objetividad, la equidad y la participación, así como la competencia y la integridad, para cumplir esos objetivos. La transparencia es también un principio clave, pues permite confirmar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y principios.

La Ley Modelo de 2011 reemplaza la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios de 1994. Aunque se reconocía que el texto de 1994 era un importante instrumento internacional de referencia para la reforma del régimen de la contratación pública, en 2004 la Comisión convino en que sería conveniente actualizar la Ley Modelo de 1994 para reflejar las nuevas prácticas, en particular las derivadas del uso de comunicaciones electrónicas en la contratación pública, así como la experiencia adquirida en la aplicación de esa Ley Modelo como base de reformas legislativas. De cualquier modo, no se han modificado los principios ni los procedimientos más importantes que constituían el fundamento de la eficacia del texto de 1994.

Su pertinencia

Por su carácter, la contratación pública supone la adopción de decisiones discrecionales en nombre de todas las instancias de gobierno; el gasto en adquisiciones puede representar entre el 10% y el 20% del PIB y no menos del 50%, o incluso más, del total del gasto público. También por su carácter, la contratación pública entraña necesariamente el riesgo de abuso, y el tamaño del mercado indica que las posibles pérdidas pueden ser considerables, pero, por otra parte, la contratación pública está relacionada con proyectos importantes (en los ámbitos de la salud, la educación o la infraestructura) que repercuten considerablemente en el rendimiento y el desarrollo económicos. Por consiguiente, es decisivo optimizar el uso de los recursos en la contratación pública. Al tener en cuenta esos factores determinantes, la Ley Modelo permite al Estado promulgante elaborar un sistema de contratación pública mediante el cual se logre esa optimización y se eviten los abusos.

Disposiciones clave

La Ley Modelo permite a las entidades gubernamentales adjudicadoras aprovechar las técnicas comerciales modernas, como la contratación pública electrónica y los acuerdos marco, para optimizar al máximo el uso de los recursos en la contratación. Contiene procedimientos aplicables a los trámites de contratación pública normales, urgentes o de emergencia, sencillos y de baja cuantía, así como a proyectos complejos y de gran envergadura (respecto de los cuales, siempre que proceda, los gobiernos pueden interactuar con los posibles proveedores y contratistas a fin de encontrar la mejor forma de satisfacer sus necesidades). Todos los procedimientos están sujetos a rigurosos mecanismos y normas de transparencia para promover la competencia y la objetividad. Todas las decisiones y medidas adoptadas durante el proceso de contratación pueden ser impugnadas por los posibles proveedores. Aunque la entidad gubernamental adjudicadora tiene, por consiguiente, facultades discrecionales para decidir qué adquirir y cómo proceder con el trámite de contratación pública, esas facultades están sujetas a salvaguardias que son compatibles con otras normas internacionales, en particular las previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Ley Modelo permite al Estado promulgante promover sus objetivos de política interna, como el fomento del desarrollo económico mediante el apoyo a las PYME, en la medida en que lo permitan los compromisos internacionales del gobierno respectivo.

La Ley Modelo se elaboró también con la finalidad de propiciar la armonización de las normas internacionales en materia de contratación pública, y en ella se tienen presentes las disposiciones del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, las Directivas de la Unión Europea (sobre contratación pública y recursos judiciales), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las Normas del Banco Mundial sobre adquisiciones y sobre los consultores, y los documentos equivalentes de otras instituciones financieras internacionales.

La Ley Modelo tiene por objeto ayudar a los Estados a formular leyes de contratación pública modernas. Aunque los países en desarrollo y los Estados con economías en transición eran los que más utilizaban el texto de 1994, la nueva Ley Modelo refleja las mejores prácticas internacionales y se ha concebido de forma tal que resulte útil a todos los Estados.

Instrumentos pertinentes

 

Véase también:

Resolución de la Asamblea General

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo-UNCITRAL Iniciativa para fomentar del reglamento la contratación pública