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Seguimiento de la aplicación de la Convención de Nueva York

 

En su 28º período de sesiones (Viena, 2 a 26 de mayo de 1995), la Comisión decidió realizar una encuesta para hacer un seguimiento de la aplicación en las legislaciones nacionales de la Convención de Nueva York y examinar los mecanismos procesales que los distintos Estados habían introducido con el fin de dar efecto a la Convención. La Secretaría de la CNUDMI, en cooperación con el Comité de Arbitraje de la Asociación Internacional de Abogados, preparó un cuestionario que se distribuyó a los Estados parte en la Convención. La información sobre el marco procesal en que opera la Convención permitiría a la Comisión estudiar las nuevas medidas que podría adoptar para mejorar el funcionamiento de la Convención y contribuiría a lograr un mejor conocimiento de su aplicación.

En el 41º período de sesiones de la Comisión (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008), la Secretaría de la CNUDMI presentó una síntesis de la encuesta en la que se informaba del seguimiento dado por los Estados a la Convención de Nueva York, así como acerca de su interpretación y aplicación, sobre la base de las respuestas enviadas por 108 Estados parte en esa Convención ( A/CN.9/656 y A/CN.9/656/Add.1).

En ese mismo período de sesiones, la Comisión pidió a la Secretaría que publicara en el sitio web de la CNUDMI una recopilación de la información reunida durante la encuesta, en el idioma en que se hubiera recibido, e instó a los Estados a que proporcionaran a la Secretaría información exacta a fin de asegurarse de que los datos publicados en el sitio web de la CNUDMI estaban actualizados. Dado que la información se proporcionó como parte de una encuesta general sobre la Convención de Nueva York, la recopilación únicamente indica los mecanismos procesales que se dieron a conocer a la Secretaría de la CNUDMI.

 

Compilation

 

Descargo de responsabilidad: La presente recopilación no es un documento oficial de las Naciones Unidas y no siempre contiene información actualizada. Se debe tener en cuenta la legislación de cada Estado para determinar la disposición exacta aplicable al reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en virtud de la Convención. Si bien se ha hecho todo lo posible por garantizar que el contenido de la información sea exacto, no se hace declaración ni se da garantía alguna, de ningún tipo, explícita ni implícita, acerca de la exhaustividad, la exactitud, la fiabilidad o la idoneidad de la información contenida en la recopilación. Nada de lo contenido en ella deberá interpretarse como consejo profesional o recomendación formal.